el contrato social

Es ya antiguo y conocido: publicado en 1762, JJ Rousseau fundamenta el devenir de las democracias occidentales de los siglos venideros. Es el pueblo el que, con su voluntad, legitima a los gobernantes que aplican las leyes que legisladores elegidos democráticamente redactan para organizar la convivencia en libertad. ¿Qué legitimidad cabe entonces a los gobiernos que no sólo no cumplen el contrato, sino también Constitución que los ampara?. ¿No hay justicia que pueda condenarlos, como a cualquier otro ciudadano, que tras firmar (o jurar, como hacen los ministros) un acuerdo entre partes, lo rompen unilateralmente?. El Gobierno de José María Aznar impulsó en 1998 una nueva Ley del Suelo, la cual, junto a las legislaciones autonómicas de la época y la pasividad de los gobiernos sucesivos, permitieron liberalizar el mercado y la urbanización de suelo, con el objeto de "cuanto más suelo, más barato será, y con ello el precio de la vivienda". Desde ese año, hasta 2007 (crisis) el precio del suelo y de la vivienda no dejaron de crecer, pasando la ratio precio vivienda/salario anual de 4 hasta 8. José Mª Aznar impulsó en 1997 la liberalización del sector eléctrico, y el sistema de fijación de precios. El objetivo era provocar la competencia para asegurar el libre funcionamiento del mercado que, a la larga bajaría los precios para el consumidor. JL Zapatero, y sus funestas políticas en Industria, continuó esta política y la agravó, hasta el punto de que el coste de la electricidad en España es el mayor de Europa para el consumidor. Aún mas: la reforma de la Justicia, el incumplimiento de la Ley de Dependencia, las leyes de las Cajas de Ahorros... Joan Miquel Garcia Pérez Oliva, 31 de octubre 2012