Todos lo sabían, pero ninguna administración ni partido lo denunció: la plusvalía, especialmente desde 2008, no era un impuesto, era un atraco. ¿O es que el incremento del valor de los inmuebles urbanos viene dado por ley? ¿Pero no estamos en un mercado libre? Algunos sí (los pagadores), otros no (los recaudadores).
Con el impuesto sobre la
propiedad de las viviendas (IBI) pasará algo parecido: es contradictorio
pregonar la vivienda para todos, y seguir subiendo la carga fiscal sobre los
inmuebles residenciales. Pero, como es la principal fuente de financiación de
los ayuntamientos... es intocable (se decía lo mismo de la plusvalía).
El catastro es un impuesto
sobre el patrimonio inmobiliario nacido de la revolución francesa: a los nobles
les quitaron títulos y prebendas, pero no sus propiedades. Se instauró el
impuesto para que pagaran por ellas. Pero hoy en día, los propietarios (de
viviendas) no son pocos: el 70% de las familias españolas tienen una (al menos)
en propiedad. Al no ser un impuesto progresivo, favorece al rico frente al
pobre, y fomenta la desigualdad social.
El IBI, en la primera
vivienda, la que es soporte del derecho constitucional, debería ser
insignificante, y aumentar progresivamente con la segunda y restantes. Esto es política
de redistribución, no la continua palabrería y publicidad de los políticos.
Es necesario establecer
una discusión pública sobre la fiscalidad, la justicia y la desigualdad. En la
administración local (su financiación) es especialmente sangrante la cantidad
de impuestos y tasas y las diferencias enormes entre unos y otros: uno no suele
elegir dónde nacer, seguramente tampoco dónde vivir y trabajar, pero en su
ciudad puede pagar tres veces más que en la vecina al iniciar una actividad, o
matricular un coche, o pagar la basura, etc. Injusto, desigual, antisocial...
Si nuestros poderes
públicos dedicaran una pequeña parte del tiempo que destinan/pierden en
propaganda/discusiones bizantinas, a reflexionar sobre estos temas, y a adoptar
políticas (y por lo tanto leyes) de redistribución, justicia e igualdad de oportunidades
para el conjunto de los ciudadanos, no sucedería que un tribunal tenga que
anular un impuesto (histórico), por la dejadez y falta de responsabilidad que
actualmente les caracteriza.
Juanmi Garcia. Noviembre
2021.
